SHARE

Diagnóstico sobre Desigualdad y Violencia en Guatemala

Elaborado para Paraíso Desigual. Ciudad de Guatemala, mayo 2018

Autoría: Carlos A. Mendoza

  1. Revisión de estudios que demuestran el vínculo entre desigualdad y violencia

Sapolsky (2017) nos resume por qué la desigualdad de ingresos es uno de los predictores más importantes de la violencia homicida: Desde el punto de vista psicológico, la desigualdad implica menor capital social, es decir, menos confianza y cooperación entre individuos. La erosión del capital social provoca estrés psicológico, que se traduce en falta de control y frustración, lo cual activa respuestas que, además de ser nocivas para la salud, suelen compensarse con expresiones de agresividad, generalmente dirigidas hacia los más débiles y vulnerables. Desde la perspectiva neo-materialista, la desigualdad significa que los individuos de altos ingresos no contribuyen con sus recursos para la provisión de bienes y servicios públicos que previenen la violencia, como la educación, la salud, el transporte y la seguridad, pues ellos acuden a colegios y hospitales privados, tienen vehículos y guardias de seguridad propios. Esta ausencia de bienes públicos hace aun más difícil para los excluidos encontrar alternativas lícitas y socialmente aceptables para ascender en la jerarquía social. En el caso de los hombres jóvenes, quienes están ávidos por adquirir estatus y respeto entre sus pares, la movilidad social únicamente se encuentra por medio del uso de la fuerza y el engaño, es decir, por medios ilícitos y violentos.

En la revisión bibliográfica hecha por LaFree (1999), en la cual se revisaron 34 estudios publicados entre 1965 y 1997, se concluye que entre los factores de riesgo relacionados con la violencia homicida definitivamente está la desigualdad económica, siendo uno de los predictores más consistentes, robustos y significativos. También se encontró evidencia a favor del desarrollo económico como una variable que disminuye la probabilidad de violencia homicida, y se descartó otras hipótesis como la urbanización, el desempleo y la estructura demográfica de la población. Otra rigurosa, más reciente y extensa revisión bibliográfica, unas 70 publicaciones al año 2010, fue realizada por Trent y Pridemore (2012), y también concluye que la mayoría de los estudios encuentran una relación positiva entre la tasa de homicidios y medidas absolutas o relativas de privación económica, como pobreza infantil y desigualdad de ingresos, respectivamente.[1]

Adicionalmente, Eisner (2012) cita el trabajo de Nivette (2011), quien es capaz de asignar importancia cuantitativa a las variables, siendo la desigualdad una de las más importantes, ya sea medida como ratio o por el Coeficiente de Gini.[2] Además, dicho análisis refuerza la hipótesis de que en sociedades con altos niveles de heterogeneidad étnica o cultural también hay mayor probabilidad de violencia homicida. Especialmente cierto si hay una acentuada desigualdad socioeconómica entre grupos étnicos, como se mostró en uno de los primeros estudios empíricos realizados desde la perspectiva sociológica (Blau y Blau, 1982).

Los análisis cuantitativos a nivel internacional muestran una y otra vez la relación entre desigualdad y violencia, y eso ocurre tanto para países desarrollados (OCDE) como para países de ingresos medios como los de América Latina.[3] En el caso del nivel subnacional la evidencia también apunta en la misma dirección. Esto es lo que se explorará en el presente documento con datos de desigualdad de ingresos y de riqueza disponibles para los municipios de Guatemala.

 

  1. Análisis de datos subnacionales

Guatemala cuenta con datos sobre desigualdad de ingresos (Theil, 2002; Gini rural, 2011) y de riqueza (Gini de tierras, 2011) a nivel municipal, pero no son recientes. Sobre la violencia homicida, sí se cuenta con las tasas anuales recientes, según registros de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, se tienen las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los datos del porcentaje de población indígena de cada municipio, según el censo del 2002, en el cual se utilizó el criterio de auto-identificación.

A partir de esos datos, se elaborará un indicador compuesto, siguiendo la recomendación metodológica de Magoga (2017), para verificar si su conclusión a nivel de América Latina se sostiene al nivel subnacional en Guatemala: “Cuando los altos índices de inequidad están asociados a bajos índices de pobreza, los índices de homicidios se reducen drásticamente; mientras que si los altos índices de desigualdad están asociados a altos índices de pobreza, los índices de homicidios se disparan, amplificándose mutuamente.”

Dado que la violencia homicida en el país ha descendido durante los últimos nueve años, desde un punto máximo de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2009 hasta los 26 en 2017, se utilizará como variable dependiente el promedio de la tasa anual desde el 2009 al 2017.[4] Se seleccionó el coeficiente del Gini de Tierras estimado para el 2011, no obstante que el Gini de ingresos rural del 2011 mostraba un mayor coeficiente de correlación con el promedio de la tasa anual de violencia homicida.[5] Sabemos, por la encuesta de condiciones de vida realizada en 2014 (ENCOVI), que la pobreza aumentó en Guatemala respecto al año 2006 del 51 al 59 porciento, y la desigualdad de ingresos disminuyó de 0.60 a 0.53 en el transcurso de 15 años, pero no contamos con los respectivos indicadores a nivel municipal, debido a que aún no se ha realizado un nuevo censo de población.[6] Por lo tanto, se utiliza el dato de pobreza rural 2011 y el de pobreza 2002 en el caso de los municipios del departamento de Guatemala. Sabido que la pobreza se correlaciona con la violencia de manera negativa al nivel subnacional en Guatemala, al multiplicarse ésta por la desigualdad, el indicador compuesto propuesto por Magoga pierde significancia estadística. Por otro lado, las variables que sí se potencian en la misma dirección son pobreza * etnicidad (i.e., el porcentaje de población que se consideró como indígena). Ver Anexo Metodológico.

MAPAS A NIVEL MUNICIPAL

La exploración previa de los coeficientes de correlación y de los modelos de regresión lineal aconseja quedarse con dos variables: una de desigualdad (Coeficiente de Gini para tierra, 2011) y otra de etnicidad (porcentaje de población indígena, INE 2002). Ambas son capaces de explicar hasta un 44 por ciento de la variación en la tasa de homicidios entre los municipios. Aquí, los gráficos una vez aplicada la transformación logarítmica a la tasa de homicidios, lo que hace más fácil de visualizar la correlación, cada municipio está ponderado por su tamaño poblacional:

GRAFICOS DE CORRELACIÓN ENTRE VIOLENCIA HOMICIDA, DESIGUALDAD Y ETNICIDAD

Retomando el análisis internacional, los niveles de desigualdad y pobreza de Guatemala sugieren que la violencia homicida debería ser mayor a la registrada por la Policía (Magoga, 2017). Sin embargo, no lo es. Los efectos negativos de dichas variables explicativas en el modelo internacional están siendo atenuadas por la variable étnica. Por otro lado, a nivel subnacional, en Guatemala debe explicarse por qué la pobreza a nivel agregado está correlacionada de manera inversa con la violencia. Una hipótesis plausible es la siguiente: en los municipios pobres, que coinciden en buena medida con los municipios indígenas (correlación del 46 por ciento), la riqueza se distribuye de manera más igualitaria, es decir, son igualmente pobres, además de los mecanismos de resolución de conflictos y control social propios de las comunidades indígenas. De los 126 municipios con un promedio de tasa menor a 10, es decir, de un solo dígito de violencia homicida, 104 son lugares con mayoría de población indígena, y sólo 22 con mayoría de población no-indígena. Por el contrario, de los 207 municipios violentos (tasa de dos o hasta tres dígitos), 53 son de mayoría indígena, mientras que 154 son municipios mayoritariamente ladinos o mestizos. Esto se resume en la siguiente tabla:

Tabla No.1 Clasificación de los Municipios de Guatemala según su nivel de violencia (tasa promedio, PNC 2009-2017) y el porcentaje de población indígena (INE, 2002).

Nota: los siete municipios recientemente creados no son tomados en cuenta por falta de datos demográficos.

Las instituciones informales propias de los pueblos indígenas, esto es, el llamado derecho consuetudinario maya, no sólo estaría explicando comunidades menos violentas, sino también comunidades más equitativas, a pesar de las condiciones históricas y estructurales que les han condicionado a un menor desarrollo económico. Se sabe, por ejemplo, de instituciones religiosas indígenas que son verdaderos mecanismos de redistribución de la riqueza, como las cofradías. Por ejemplo, en el caso de los mayas de la Península de Yucatán:

“Nancy Farriss ha señalado la importancia en Yucatán de las cofradías indígenas como empresas corporativas; las equipara a las cajas de comunidad al tener funciones civiles y religiosas comunes encaminadas a promover el bien común y asegurar la supervivencia de la comunidad. Por ello, las define como “una de las adaptaciones más brillantes del pueblo maya a la adversidad del régimen colonial”. Sólo hace una breve referencia a la estratificación al señalar que el hecho de que las cofradías fueran una empresa colectiva no implicó que los mayas no reconociesen sus divisiones internas.”[7]

Por otro lado, en el ethos comunitario indígena aún se aplican mecanismos de reconocimiento social, es decir, que otorgan estatus, en función del servicio que el individuo presta al resto de los miembros de la comunidad. De tal manera que hay cargos públicos no remunerados que más bien funcionan como una forma de retribuir con tiempo y trabajo a la colectividad.

 

  1. Conclusiones y recomendaciones

Los meta-análisis sobre los estudios que intentan explicar los determinantes de la violencia homicida en las sociedades modernas, durante los últimos 50 años, han mostrado consistentemente que la desigualdad está positivamente correlacionada con las tasas de homicidios. Esto se sostiene empíricamente incluso en el análisis subnacional en los Estados Unidos de América y países industrializados (Sapolsky, 2017).[8]

En Guatemala, con los datos disponibles de desigualdad, se mantiene la relación entre dicha variable y la tasa de homicidios. Es decir, a mayor desigualdad (sin importar el indicador que se utilice) más violencia homicida. Sin embargo, no se verifica la hipótesis según la cual el nivel de violencia se magnifica si hay más pobreza en lugares desiguales. La pobreza, más bien y de manera contraintuitiva, se correlaciona de forma negativa con la violencia.

Tabla No.2 Clasificación de los Municipios de Guatemala según su nivel de violencia (tasa promedio, PNC 2009-2017) y de desigualdad (Gini de Tierras, 2011).

Nota: los siete municipios recientemente creados no son tomados en cuenta por falta de datos demográficos. Los municipios con “desigualdad moderada” son aquellos por debajo del percentil 50, es decir, con Coeficiente de Gini menor a 0.64; mientras que los municipios con “alto nivel de desigualdad” son los que está por arriba.


GRAFICOS DEL NUMERO DE MUNICIPIOS VIOLENTOS Y PACÍFICOS, SEGÚN NIVEL DE DESIGUALDAD Y ETNICIDAD

Nota: los municipios indígenas y ladinos se definen por al porcentaje de población indígena en cada uno. Si la mayoría de la población se autoidentificó como indígena, entonces el municipio se clasifica como tal. De lo contrario, es un municipio ladino.

La variable étnica, medida por el porcentaje de población indígena en cada municipio del país, resulta ser la más correlacionada con la tasa de homicidios. A mayor porcentaje menos violencia. Seguramente, el capital social e institucional de los pueblos indígenas está jugando un papel importante en la solución pacífica, o al menos no letal, de los conflictos. También contribuye a que la pobreza y la riqueza sean mejor redistribuidas entre los miembros de la comunidad.

La tasa nacional de violencia homicida en Guatemala es menor a la esperada, dados sus niveles de pobreza y desigualdad, gracias a las bajas tasas que se registran en los municipios con mayoría de población indígena. Casi 5 millones de personas habitan en dichos territorios pacíficos bajos estándares internacionales.

Para fortalecer el análisis sobre la interacción entre las variables de desigualdad, pobreza y etnicidad, y su efecto en el nivel de violencia homicida, es necesario contar con mediciones más recientes a nivel municipal. Los resultados del Censo de Población y Habitación por realizarse en 2018 contribuirán a ello. Además de las mediciones tradicionales de desigualdad deben buscarse alternativas, como recomienda CEPAL (2015), por ejemplo: “datos sobre ingresos y riqueza provenientes de los registros fiscales de las administraciones tributarias.”

Es importante comprender mejor cómo las instituciones informales de los pueblos indígenas contribuyen, no sólo a resolver conflictos dentro de las comunidades, sino también a generar condiciones de mayor equidad entre sus miembros, a pesar de la situación de pobreza y exclusión estructural e institucional que han padecido por siglos. Para ello, es necesario un esfuerzo multidisciplinario entre historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas y politólogos.

Finalmente, la política pública de seguridad ciudadana, que debe estar basada en evidencia y no en creencias o prejuicios preestablecidos, bien haría en aprender de las condiciones que hacen posible los bajos niveles de violencia homicida en las comunidades indígenas del país, en contraste con los altos niveles observados en las comunidades ladinas o mestizas, principalmente del oriente de Guatemala. Este conocimiento debe ser sistematizado y evaluado rigurosamente para el diseño e implementación de políticas de prevención e interrupción de la violencia y el delito.

 

  1. Bibliografía

 

Blau, J. y P. Blau (1982), The Cost of Inequality: Metropolitan Structure and Violent Crime, American Sociological Review, Vol. 47 (February: 114-129).

CEPAL (2015), Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina. Editado por J.P. Jiménez. Santiago de Chile: CEPAL.

CIESAS (2003), Luces del Mundo Maya. Desacatos, Revista de Antropología Social. No. 13, invierno.

Eisner, M. (2012), What Causes Large-scale Variation in Homicide Rates? Final revised version to be published in Heinze, Juergen and Kortuem, Henning (eds.) Aggression in Humans and Primates. Berlin: de Gruyter.

Instituto Nacional de Estadística (2015), República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. Principales resultados. Guatemala: INE.

LaFree, G. D. (1999), A Summary and review of comparative cross-national studies of homicide. In M. D. Smith & M. A. Zahn (Eds.), Homicide: A Sourcebook of Social Research (pp. 125-145). Beverly Hills: Sage.

Magoga, A. (2017), ¿Por qué nos matamos? ¿Inequidad o pobreza? Ninguna, y ambas. En Seguridad y Violencia, No.4, pp. 140-145. Guatemala: Plaza Pública.

Nivette, A. E. (2011). Cross-national predictors of homicide: A meta-analysis. Homicide Studies, 15(2), 103-131.

Trent, C. L. S., & Pridemore, W. A. (2012). A review of the cross-national empirical literature on social structure and homicide. In M. C. A. Liem & W. A. Pridemore (Eds.), Handbook of European Homicide Research (pp. 111-135): Springer New York.

Sapolsky, R. (2017). Behave, The Biology of Humans at Our Best and Worst. Penguin Press.

 

Notas al pie

[1] Resumen tomado de Eisner, M. (2012), What Causes Large-scale Variation in Homicide Rates?, p.14.

 

[2] Eisner, M. (2012), p. 15. Efectos promedio (medidos por media estandarizada según el tamaño del coeficiente de correlación, Mr): Desigualdad de ingreso – medida de ratio (Mr = .416, N estudios = 13), Gini (Mr = .224, N = 31), heterogeneidad étnica (Mr = .163, N = 12), homogeneidad étnica (Mr = -.247, N = 5) y modernización medida por el Índice de Desarrollo Humano (Mr = -.163, N = 14).

[3] Sobre América Latina se ha publicado recientemente un breve análisis cuantitativo elaborado por Magoga (2017), con una importante recomendación metodológica que se implementará en la siguiente sección.

[4] Esto hace que siete municipios recientemente creados se queden fuera del análisis por falta de datos.

 

[5] El índice de Theil es del 2002, por lo que está más desactualizado. Además, el Gini rural no incluye a todos los municipios del departamento de Guatemala, los cuales son muy relevantes, pues allí se concentra más del 30 por ciento de la violencia homicida, aunque allí sólo vive el 21 por ciento de la población.

[6] Se descartó utilizar índice de desarrollo humano del PNUD por ser del año 2002. Únicamente se  cuenta con indicador de pobreza multidimensional actualizado (2014) al nivel departamental, disponible en sitio web del PNUD-Guatemala: http://desarrollohumano.org.gt/estadisticas/estadisticas-pobreza-y-desigualdad/indice-de-pobreza-multidimensional-segun-nivel-de-privaciones-por-departamento/

[7] Tomado de Gabriela Solís (2003), Tierra y trabajo en las haciendas de cofradías indígenas de Yucatán, siglo XVIII en Desacatos, No. 13, p. 14, quien cita a N.M. Farriss, La sociedad maya, 1992, pp. 287, 412, 414.

[8] Sapolsky cita los siguientes estudios: Chon, D. (2012) “The impact of population heterogeneity and income inequality on homicide rates: a cross-national assessment,” Int J Offender Therapy Comp Criminology, 56(5): 730-48. Elgar, F. y N. Aitken (2011) “Income inequality, trust and homicide in 33 countries,” European Journal of Public Health, 21(2): 241–246. Hsieh, C. y M. Pugh (1993) “Poverty, Income Inequality, and Violent Crime: A Meta-Analysis of Recent Aggregate Data Studies,” Criminal Justice Review, 18(2): 182-202. Daly, M. et al., “Income inequality and homicide rates in Canada and the United States,” Canadian Journal of Criminology, 43(2), 219-236.